Opinión

Tras la sentencia, reforma penal

Tras la sentencia, reforma penal

Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años

Los partidos políticos están llamados a reaccionar ante la sentencia del «procés», que hoy se hará pública, no equivocando el verdadero problema. Dando por hecho que será condenatoria, al menos, por sedición, el problema nunca será la Sala Segunda del TS, sino el separatismo catalán. Por eso es encomiable que tanto el PP como Ciudadanos hayan anticipado su apoyo al Gobierno en funciones para hacer frente a las reacciones de los nacionalistas, tanto de la Generalitat como de sus partidos políticos y sus asociaciones cívicas. Sería temerario que el fallo judicial que condenará a severas penas de prisión a los nueve acusados actualmente encarcelados fuera causa de división entre los partidos nacionales. Si PSOE, PP y Ciudadanos se tiraran la sentencia a la cabeza, ganaría el nacionalismo catalán, y esto es algo que el Estado no se merece. También, por esta necesidad de consenso político, Sánchez debe cuidar la intervención pública que tiene anunciada para valorar la sentencia. Utilizar el «ya lo dijimos» por la condena que puedan recibir los acusados por el delito de sedición rompería la unidad de acción política que va a necesitar el Gobierno que preside en funciones para responder a las provocaciones del nacionalismo. Porque va a haber provocaciones y, probablemente, violentas. Entonces, ese acuerdo necesario entre los tres partidos que se oponen al secesionismo deberá tomar cuerpo en iniciativas conjuntas, ahora entre las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y mañana, con la nueva legislatura, promoviendo reformas legales que demuestran que se ha aprendido la lección. La sentencia del «procés» será una auditoría a la capacidad penal del Estado frente al independentismo y, en función de lo que diga, puede marcar la pauta de una reforma penal que, por ejemplo, elimine el requisito de la violencia en el delito de rebelión y lo prevea como agravación de la pena. Y no olvidemos la ley de Partidos Políticos y sus medidas de ilegalización de formaciones antidemocráticas. Así quizá los nacionalistas se sientan disuadidos de hacer declaraciones unilaterales de independencia o de tejer procesos separatistas bajo la sonrisa de hiena que muestran siempre los nacionalismos identitarios.

Los jueces llegan hasta el límite que les marca el principio de legalidad. Ni deben superarlo, ni deben suplir al legislador en sus carencias. La responsabilidad de que el Código Penal refleje adecuadamente los delitos que el Estado ha de perseguir recae en los representantes políticos de la nación. Sánchez, Casado y Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años. Si no, los jueces volverán a cargar con responsabilidades ajenas.