Opinión

Sánchez degrada el estado democrático

Sánchez degrada el estado democrático

Hay suficiente base legal en el ordenamiento español para luchar contra la pandemia y respetar las libertades de los ciudadanos, sin más mentiras sobre el estado de alarma

El temor se ha confirmado y el estado de alarma se prolongará hasta finales de junio, si Pedro Sánchez logra que el Congreso apruebe la prórroga por un mes. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno en rueda de prensa, con ese discurso bonancible y engañosamente integrador que utiliza los fines de semana, mientras de lunes a viernes otros dirigentes de su partido se dedican a atizar el fuego dialéctico y cívico contra los que critican la perversión autoritaria del estado de alarma. Logrará el apoyo de los separatistas y de los partidos de izquierda nacionalista por dos razones: porque dará a la Comunidades Autónomas más capacidad de decisión sobre los ciudadanos y porque concentrará todo el poder del mando único en el Ministerio de Sanidad, lo que saca de la escena a los Ministerios de Interior y de Defensa. Tampoco es seguro que vaya a ser la última prórroga del estado de alarma. La palabra del presidente no es aval suficiente para compromiso alguno y tampoco se expresó en términos categóricos. No dice la verdad Sánchez cuando afirma que su Gobierno «no tiene ningún interés» en mantener la alarma. Los hechos le desmienten, porque el estado de alarma actual es un abuso de poder que supera los ya realizados, al anunciar una prórroga superior a los habituales quince días. Es cierto que ni la Constitución ni la ley prohíben esta circunstancia, pero el hecho de ampliar el plazo, en vez de reducirlo, cuando la mayor parte del territorio nacional está en fase 1, es sintomático de un patológico apego al poder excepcional. Sánchez se asegura cuatro meses, como mínimo, de un presidencialismo que no tiene base en el orden constitucional, siquiera en el estado de alarma, porque se ha consolidado a costa de recortar los mecanismos de control democrático sobre el poder del Ejecutivo. La actuación del Gobierno de coalición entre comunistas y socialistas es un caso para que Bruselas pase por el filtro de la calidad democrática que aplica a otros países.

El Gobierno tiene miedo y pretende blanquear su gestión con el absurdo argumento de que sin estado de alarma habría «300.000 muertos». Cuando Sánchez ofrezca cifras reales sobre el número de fallecidos, se podrá valorar la eficacia del estado de alarma pero, sean cuales sean esas cifras, Sánchez hace trampa, porque también puede decirse que, a pesar del estado de alarma, España tiene más de 27.000 muertos, oficialmente. Si Sánchez quiere hipótesis, con las manifestaciones del 8-M los ciudadanos están conjugando muchas. En definitiva, la alarma o la muerte. Es el dilema falso e inconstitucional que propone Sánchez. Hay suficiente base legal en el ordenamiento español para luchar contra la pandemia y respetar las libertades de los ciudadanos, sin más mentiras sobre el estado de alarma. La prórroga de un mes no es compatible con el Estado democrático.