Opinión

Madrid actúa contra la «okupación»

Madrid actúa contra la «okupación»

La pasividad del Gobierno ante la lacra de la ocupación de viviendas llevó ayer a la presidenta madrileña a anunciar la puesta en marcha de un servicio de asistencia para las víctimas de este fenómeno

La pasividad del Gobierno ante la lacra de la ocupación de viviendas -consentida, cuando no alentada, por Unidas Podemos- llevó ayer a la presidenta madrileña a anunciar la puesta en marcha de un servicio de asistencia para las víctimas de este fenómeno. Con más de 2.000 viviendas sociales ocupadas de forma ilegal en la Comunidad de Madrid, este fenómeno dista mucho de representar el ejercicio de un «derecho social» para evitar que nadie se quede atrás, como lo presenta la izquierda radical, sino que es un ataque frontal contra el interés general y, más aún, un agravio para los más desfavorecidos, privados de los inmuebles que la Administración pone a su disposición para paliar su situación de extrema necesidad. A través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el Gobierno regional tratará de coordinar las denuncias de las víctimas de la «okupación» y agilizar el trabajo de las instituciones y las Fuerzas de Seguridad. Esta medida, que sigue a la estrategia que desde hace meses desarrolla el Ejecutivo madrileño contra las mafias que operan en el parque inmobiliario, no pasa de ser un gesto hacia las víctimas de este fenómeno delictivo, cuya magnitud y gravedad reconoce ya la Fiscalía General del Estado. Es el Gobierno de Pedro Sánchez -si es que quiere y puede liberarse del lastre demagógico de Unidas Podemos- el que a través de reformas legales que agilicen los desalojos debe salir en defensa de quienes pierden su vivienda como consecuencia de la impunidad con que operan las mafias de la «okupación». El mejor escudo social es la ley, y esta debe proteger a los ciudadanos, no a las redes que atentan contra la propiedad privada que consagra nuestro Estado de Derecho. El Gobierno de Madrid vuelve a alzar la voz contra una anomalía que no puede seguir siendo tolerada por el Ejecutivo. Por acción, como hace Unidas Podemos, o por omisión.

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