Opinión

Investigar a fondo en Andalucía

Investigar a fondo en Andalucía

En Andalucía, los principales casos de corrupción habían empezado a caer en el olvido. Ahora, la Audiencia ordena investigarlos a fondo pese al acostumbrado silencio del PSOE

La Audiencia de Sevilla asestó ayer un varapalo a la juez María Núñez Bolaños, quien en octubre de 2016, y después en febrero de 2017, había archivado el proceso judicial sobre las irregularidades cometidas en la concesión y gestión de los cursos de formación de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2012. La Audiencia no solo ha reabierto el caso a iniciativa del PP, que ejerce la acusación, sino que ordena a la Guardia Civil realizar nuevos informes sobre la falta de justificación de algunos cursos, y para determinar si se produjo algún desvío de dinero público a bolsillos privados vinculados a antiguos altos cargos de la Junta. Hoy, la juez Núñez Bolaños, a quien la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado por su sospechosa pasividad en la instrucción de diversas piezas del caso ERE, se encuentra de baja, por lo que será otro juez quien asuma la reapertura de esta investigación. Es cierto que la Audiencia rechaza que exista falta de imparcialidad en Núñez Bolaños, o que haya motivo para su recusación. Sin embargo, ha sido la propia Fiscalía, y no la acusación «política» del PP, quien ha comunicado a la Audiencia, a través de escritos durísimos, que Bolaños se había dedicado durante los dos últimos años a dejar pasar el tiempo sin ordenar diligencias de prueba, provocando así la deliberada prescripción de diversos flecos del caso ERE. La justicia no puede ser selectiva, y tanto los ERE como el caso de los cursos de formación -no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía- conforman los dos procesos más graves de corrupción de nuestra democracia. Se calcula que el primero de ellos permitió el desvío de 800 millones para financiar falsos ERE, y el segundo, pudo ascender a nivel global a más de 3.000 millones por su perpetuación en el tiempo, por la falta de controles, y por la red clientelar gestada por el PSOE en Andalucía, especialmente de la mano de UGT.

Resulta ya recurrente, pero no por ello ABC deja de denunciar la doble vara de medir que tiene la izquierda en su discurso sobre la corrupción. A Mariano Rajoy, una sentencia que aún no es firme y que contiene párrafos estratégicamente redactados con más contenido político que jurídico, le costó la presidencia del Gobierno. En Andalucía, Susana Díaz está en la oposición, y Manuel Chaves y José Antonio Griñán están pendientes de sentencia. Pero a la izquierda le basta y sobra con decir que todos ellos tienen «los bolsillos de cristal» por su transparencia. En cambio, la presunción de una derecha que solo existe para enriquecerse se ha asentado en la sociedad. La corrupción es una lacra, la cultive quien la cultive. Pero en Andalucía, los principales casos de corrupción habían empezado a caer en un denso olvido. Ahora, la Audiencia ordena investigar a fondo pese al acostumbrado silencio del PSOE.