Opinión

El Estado debe defender la sentencia

El Estado debe defender la sentencia

La respuesta está siendo capitalizada por un ente que se hace llamar «Tsumani democrático», que aparece como una suerte de falso «blanqueante» del independentismo más radicalizado

El separatismo ya prepara la respuesta, como siempre coactiva, a la sentencia del Tribunal Supremo a los procesados por el golpe del 1-O, prevista para mediados de mes. En esta ocasión, y después de que los CDR hayan quedado «manchados» con la detención de una célula que manejaba material explosivo y preparaba la toma del Parlament, la respuesta está siendo capitalizada por un ente que se hace llamar «Tsumani democrático», que aparece como una suerte de falso «blanqueante» del independentismo más radicalizado, si bien toda su respuesta está basada también en el boicot al imperio de la Ley y la Justicia, a la convivencia con el intento de colapso o bloqueo de las vías de comunicación catalanas. Este grupo ya ha ensayado algunas acciones saboteadoras como la «toma» de entidades bancarias, a las que en la cantinela separatista se consideran «cómplices de financiación la represión». Naturalmente, tanto la ANC como Ònmiun han elaborado un plan de movilizaciones para activar solo unas horas después de la sentencia. Entre unos u otros, el objetivo es colapsar Cataluña durante dos o tres días. Hablamos, por tanto, de un chantaje (anunciado preventivamente) con el fin de acosar al tribunal que ultima el fallo prometiendo «generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo». Si van con explosivos, como los que tenían los elementos del CDR desarticulado, seguro que será más difícil. Pero tanto los del Tsumani como el resto de plataformas prosabotaje deben saber que el Estado no se va dejar amedrentar. Conviene no ser muy optimistas con la colaboración que prestarán los Mossos, vistos los precedentes. Por eso es esencial que el Gobierno en funciones, en especial el Ministerio del Interior, tenga elaborados planes para impedir «esa crisis generalizada» con la que los separatistas amenazan al Estado.