Opinión

Castigar a Madrid no es la solución

Castigar a Madrid no es la solución

El empresariado catalán no está en desventaja respecto al de Madrid. La solución a sus males no pasa por agraviar a otras autonomías, sino por exigir cuentas al separatismo

El empresariado catalán tiene motivos sobrados para estar preocupado, sobre todo después de haber dedicado décadas de esfuerzo a fomentar y financiar irresponsablemente las estrategias del independentismo. Ahora, cuando Cataluña es un caos político, social y financiero, la patronal catalana Fomento del Trabajo ha exigido a Pedro Sánchez que obligue a la Comunidad de Madrid a subir sus impuestos para no quedar en desventaja, y por eso La Moncloa se ha puesto sumisamente manos a la obra. Esta es otra vertiente de la factura que debe pagar Sánchez al independentismo catalán tras haber sido investido jefe del Ejecutivo. Por eso, en lugar de pedir a la Generalitat que gobierne de verdad, en vez de marear la perdiz, o en lugar de exigir al Parlament que legisle a favor del ciudadano y sustituya al inhabilitado Joaquim Torra, los empresarios catalanes piden a Sánchez que castigue a Madrid, como si eso fuese un remedio útil contra el delirio secesionista. Muy tarde se ha dado cuenta el empresariado catalán de su absurda, y a menudo cobarde, táctica de esconder la cabeza bajo tierra mientras sus gobernantes destrozaban Cataluña.

Además, el argumento no deja de ser tremendamente cínico si ni siquiera se atreven a plantar cara a la política municipal de Ada Colau en Barcelona, que está penalizando a uno de los motores más potentes de nuestra economía, degradando el turismo hasta límites alarmantes y deteriorando la imagen de la Ciudad Condal como referencia mundial para los negocios. Nadie inquiere a las autoridades catalanas para reflotar la maltrecha economía autonómica, y a cambio utilizan a Sánchez para que acuse a Madrid -gobernada por el PP- de dumping fiscal. Nada es más contrario al libre mercado. Para que la economía catalana funcione no es necesario que se suba el IRPF a los madrileños, o que estos paguen los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, o se incremente la tasa de actos jurídicos documentados. Quizá Cataluña debería plantearse reducir impuestos como los que ahogan la actividad empresarial, o la tasa turística, concebida como si fuese un impuesto revolucionario, o la fiscalidad sobre las bebidas azucaradas. Quizás en Cataluña deberían preguntarse por los motivos de la fuga masiva de empresas, o por la caída progresiva de inversiones y por la pérdida de su peso en el PIB. Si la solución que plantean pasa por condenar a Madrid, y de paso al PP, la incoherencia de quienes reclaman la independencia en Cataluña es máxima, porque invocan una autonomía fiscal que paradójicamente no consienten que Madrid disfrute. El empresariado catalán no está en desventaja respecto al de Madrid. Solo es rehén de sus contradicciones e incongruencias, y la solución a sus males no pasa por agraviar a otras autonomías, sino por exigir cuentas al separatismo.