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El pulso entre Varsovia y Bruselas dura ya cinco años

El pulso entre Varsovia y Bruselas dura ya cinco años

La reforma judicial emprendida por el Gobierno polaco es la causa del choque

El último encontronazo entre Bruselas y Polonia tuvo lugar en abril, cuando la Comisión Europea abrió un proceso por infracción debido al nuevo régimen disciplinario que permite sancionar en ese país a jueces críticos con las reformas judiciales que ha llevado a cabo el Gobierno del partido «Ley y Justicia» (PiS). «Los jueces de otros países europeos deben confiar en que los jueces polacos actúan de forma independiente. Esta confianza mutua es la base de nuestro Mercado Único», explicó la vicepresidenta de la Comisión y responsable del Estado de derecho. Pero las fricciones entre las autoridades comunitarias y el Gobierno de Varsovia datan de 2015, cuando el PiS regresó al poder y dio comienzo a una controvertida reforma global del sistema judicial, con el objetivo teórico de luchar contra la corrupción pero que en la práctica ha ido poniendo en manos del Ejecutivo nacionalista severos medios de control sobre el resto de poderes del Estado. El proceso de infracción es el cuarto abierto por la Comisión desde 2017, después de los relativos a la reforma de los tribunales ordinarios, del Tribunal Supremo y del régimen disciplinario para los jueces ordinarios. Además de los procesos de infracción, que pueden terminar con importantes multas, Bruselas activó en diciembre de 2017 un duro procedimiento inédito conocido como Artículo 7 por un riesgo de «violación grave del Estado de derecho».

Hasta ahora Varsovia ha ido sorteando el capote comunitario y haciendo alarde de ello. Una de las consignas más repetidas en las campañas del PiS es «no dejarse manejar por los burócratas europeos». Pero a partir de septiembre, este regodeo en el enfrentamiento podría tocar a su fin. El Parlamento Europeo retomará los trabajos para un mecanismo de la UE sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales que servirá para garantizar el cumplimiento del Estado de derecho en los países miembros y que, de confirmarse la existencia de vulneraciones sobre derechos fundamentales, podría tener consecuencias para los países en cuestión, en aplicación al Tratado de la Unión Europea (TUE). Una de las decisiones a adoptar que se manejan y que podrían definirse con toda probabilidad es la de la condicionalidad para recibir fondos europeos