Mundo

Chile votará el próximo abril si quiere una nueva Constitución

Chile votará el próximo abril si quiere una nueva Constitución

La actual Carta Magna data de 1980 aunque sufrió doscientas modificaciones

En abril del próximo año los chilenos irán a las urnas para definir si quieren una nueva Constitución política y el mecanismo para hacerlo, con lo que derogará la Carta Magna impuesta en 1980 por la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet. El acuerdo fue tomado la madrugada del viernes en el Congreso, luego de largas y tensas negociaciones entre las bancadas oficialistas y las de oposición, en medio de una crisis política y social que se desató hace cuatro semanas.

El acuerdo -que enseguida fue valorado y acogido por el Gobierno del presidente Sebastián Piñera- indica que los chilenos tendrán que elegir si la nueva Constitución será elaborada por una «convención» integrada por parlamentarios en un 50% y la otra mitad por delegados ciudadanos, o por una asamblea elegida íntegramente y por voto popular por ciudadanos.

El cambio constitucional no estaba en el programa de Gobierno ni en la agenda que elaboró el presidente Piñera para sortear la crisis que comenzó el 18 de octubre, cuando las movilizaciones y protestas por el alza del precio del ticket del metro de Santiago desbordaron la capacidad policial y se inició un ciclo de grandes manifestaciones, acompañadas muchas veces por duros hechos de violencia, saqueos e incendios. Hace menos de una semana, el domingo por primera vez el gobierno mencionó la posibilidad de hacer «reformas» a la Constitución, lo que rápidamente derivó en un debate en el que el Gobierno y el propio Piñera fueron perdiendo terreno.

El actual cuerpo constitucional fue elaborado en 1980 por un reducido grupo de expertos constitucionalistas y luego confirmada por un plebiscito que se hizo con los partidos políticos proscritos, sin registros electorales y con fuerte censura de prensa. La entonces oposición declaró el proceso como «un fraude». Luego de la derrota de Pinochet en un plebiscito en 1988, donde consultó por su permanencia en el poder, la Constitución sufrió más de doscientas modificaciones, pero siempre mantuvo una definición de «Estado subsidiario» y sin incorporar derechos sociales, entre otras disposiciones.

El martes, Piñera convocó a un «acuerdo por la paz, la justicia social y una nueva Constitución», con lo que abrió espacio al acuerdo negociado y suscrito luego de 27 horas de negociación en el Congreso Nacional, proceso a la que no asisitó el Partido Comunista.

El órgano que redacte la nueva Carta Magna tendrá nueve meses de trabajo, y se definieron inhabilidades para la participación de parlamentarios, así como los delegados no podrán postularse a cargos de elección popular luego de presentar el texto final, que luego será sometido a un plebiscito ratificatorio.

La presidenta de la conservadora Unión Demócrata Independiente, senadora Jacqueline, quien lideró las negociaciones en representación de su partido adelantó que «voy a votar que no. Por eso nos pareció tan importante poner la opción de votar sí o no. Voy a votar que no porque yo quiero modificar aquellas cosas que sean necesarias. Y estoy absolutamente convencida de que este cuerpo legal, más allá de las críticas que se le puedan hacer, es un cuerpo legal que le ha permitido crecer al país en los últimos 30 años». En representación del Gobierno, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, destacó que «este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental, para empezar a construir nuestro nuevo pacto social».