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Una empresa vinculada al conseguidor de los ERE también tuvo un papel en la trama de UGT-A

Una empresa vinculada al conseguidor de los ERE también tuvo un papel en la trama de UGT-A

El considerado como conseguidor principal de los ERE, Juan Lanzas, estuvo vinculado a una de las compañías que recibió fondos de las subvenciones presuntamente desviadas por parte de UGT-A. Su nombre no aparece citado en el último auto con el que el juez Juan Jesús García Vélez da por concluida la investigación del fraude de las facturas falsas y envía al banquillo al que fuera su secretario general y otras 14 personas relacionadas con el entramado. Pero sí se cita a la empresa Progreso, Cooperación y Desarrollo S.L. (PCD), que fue subcontratada de forma ilegal por UGT para realizar los cursos de formación que se le habían encomendado al sindicato desde la Junta, y que la Guardia Civil vincula a Lanzas en varios atestados.

El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señaló en uno de sus informes realizados para la causa de los ERE que la sociedad es una de las «empresas pantalla» utilizada por Juan Lanzas para cobrar algunas de las sobrecomisiones con las que, presuntamente, participó en el saqueo de los fondos públicos.

En ese mismo atestado se subraya cómo entre el 12 de febrero y el 20 de abril de 2002, dicha empresa tuvo contratado a Juan Lanzas, justo después de que éste cesara en el cargo de secretario general de la Federación de Alimentación de UGT de Andalucía.

Pues bien, en el escrito del juez instructor del caso UGT conocido esta semana, se destaca cómo en varios expedientes aparecen facturas a nombre de la empresa PCD como supuesta prestataria de servicios para el sindicato pese a que éste no tenía autorización de la Junta para subcontratar los cursos que se le habían adjudicado.

Pero es que, además, los conceptos por los que se emiten esas facturas son tan genéricos que el juez considera que es imposible saber si se trata de gastos justificados. El auto subraya literalmente que las facturas emitidas por PCD «no permiten conocer los costes imputados y sus conceptos con el debido desglose, ya que los conceptos de las facturas son generales».

En total, el dinero que recibió PCD por la realización de cursos para UGT ronda el medio millón de euros. La empresa figura en 3 de los 14 expedientes incluidos en la investigación realizada por el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que ha acotado sus pesquisas a los años 2009-2013, lo cual constituye una parte de las subvenciones públicas recibidas y gestionadas por UGT de Andalucía hasta la suspensión total de los cursos en 2013.

PCD fue fundada, entre otros, por Lorenzo Morilla, que fue también dirigente sindical de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Andalucía, organización vinculada a UGT.

Según los datos recabados durante la investigación policial del caso ERE, PCD habría llegado a facturar a UGT por la realización de cursos de formación 7,9 millones de euros entre 2000 y 2010.

No es la única empresa vinculada a ex dirigentes de UGT que se habría beneficiado de las subvenciones. En un lugar muy destacado de la investigación aparece la sociedad Karonte Nuevos Desarrollos S.L., radicada en Jaén (de donde es también Juan Lanzas), y cuyo administrador, Miguel Ángel González Guzmán, es uno de los enviados al banquillo por el juez Juan Jesús García Vélez, por haber participado presuntamente en el amaño de las facturas para desviar las subvenciones. González Guzmán llegó a ser parte de la ejecutiva de UGT de Jaén surgida del congreso celebrado en 1990 en calidad de secretario de Acción Institucional. Además, fue miembro del patronato de la Fundación Esculapio, creada por UGT en 1987, y que también giró facturas a UGT por la realización de servicios relacionados con los cursos.