El tripartito acuerda cambios en la ley de Puertos y elimina la limitación de gasto en personal para À Punt

El diputado de Podemos Antonio Montiel definía este miércoles como «agridulce» su sensación respecto a cómo se resolvía finalmente la aprobación de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019. Una de sus propuestas estrella, la de ampliar las ayudas a los sindicatos minoritarios, se convertía en una enmienda conjunta con PSPV y Compromís - tras recular en las pretensiones- que modificaba notablemente la original.

Sus socios no apoyaban tampoco la rebaja de ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la tasa sobre bebidas azucaradas o, un año más, la tasa turística, que ha contado con los votos de la formación morada, el rechazo del PSPV y la abstención de Compromís.

En otras cuestiones, los socialistas y la coalición sí han compensado a los morados aunque inicialmente no se mostraban convencidos. Un ejemplo es que han acabado transaccionando o apoyando los textos relativos a la Agencia Antifraude. En ellos, Podemos recogía las reclamaciones del propio director, Joan Llinares, al entender que se han de acometer cambios en la ley que la regula para no ver amenazada su independencia del Gobierno valenciano.

Una de ellas era que el personal esté sujeto a la normativa reguladora del personal de las Cortes, sin perjuicio de lo que pueda establecerse específicamente en el reglamento de régimen interior y funcionamiento del órgano.

En cuanto al presupuesto, se regirá por la normativa reguladora de las entidades del sector público de la Generalitat y pasará a acomodarse a las cuentas del Parlamento autonómico. También dejará de estar sujeta a la Intervención General de la Generalitat y pasará a ser fiscalizada por Intervención de la Cámara en la forma que se determine. Además, justificará su gestión, anualmente, a la Sindicatura de Comptes y pasará de ser institución a entidad.

Otra de las enmiendas era la referida a la rendición de cuentas del director de la Agencia para que lo hiciera sólo en la comisión parlamentaria. Los textos trataban, en definitiva, de evitar intromisiones del Consell en el órgano y regular su relación con las Cortes -a las cuales se encuentra adscrita- para que sea ésta la que realice el control efectivo.

Polémica en los puertos

Otra de las cuestiones que había generado debate era la modificación de la Ley de Puertos de la Generalitat para incluir nuevas formas de gestión a través de un organismo autónomo. La polémica venía dada porque uno de los puertos afectados es el de Dénia y su principal naviera, Baleària, ha contratado al exasesor de Presidencia José Manuel Orengo.

Finalmente, el texto aprobado con los votos a favor de PSPV, Compromís y Cs, la abstención de Podemos y el voto en contra del PP, establece que, en caso de que la gestión pase a manos de un organismo autónomo, se garantice que el 51% de los miembros del consejo de dirección sean de la administración autonómica y el 9% de la local, aparte de que la Presidencia siempre la ostente un representante de la administración pública.

Gasto en personal de À Punt

El tripartito también ha sacado adelante la disposición para dejar sin efecto, en el capítulo de personal, la limitación del gastoa un tercio del presupuesto total de la radiotelevisión pública À Punt durante el vigente contrato-programa (hasta 2020) para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

Se han aprobado igualmente las modificaciones pertinentes para equiparar las indemnizaciones por fallecimiento como consecuencia de violencia de género a las de víctimas del terrorismo -con 75.000 euros para los hijos de la víctima- y una enmienda para que la sede única de la Agencia Valenciana de la Innovación esté en Alicante.