España

Los partidos acusan al Gobierno de utilizar la comisión de reconstrucción para imponer su programa

Los partidos acusan al Gobierno de utilizar la comisión de reconstrucción para imponer su programa

La aspiración de emular los pactos de La Moncloa, pilares fundamentales de la Transición, con un gran consenso político que impulse la reactivación del país tras la pandemia del coronavirus, se tambalea. En un ambiente envenenado por los reproches alimentados en semanas de confinamiento, en cumplimiento del decretado estado de alarma, por las maniobras de un Gobierno con dos almas y por la incapacidad de una oposición para encontrar espacios de colaboración, fructificar se presenta como una misión difícil.

La comisión de reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados, integrada por todas las fuerzas parlamentarias, intenta nadar a contracorriente de un enfrentamiento que se ha trasladado ya a las calles y amenaza con cronificarse. Dos semanas ya de reuniones sin contenido.

Los cuatro grupos de trabajo -sanidad, economía, políticas sociales y Europa- se han embrollado en sus primeros encuentros en una discusión caótica sobre procedimientos, agendas, listados de temas y comparecientes. A falta de un acuerdo organizativo en el grupo de sanidad, los otros tres esperan iniciar por fin esta semana sus primeros debates de fondo.

El tiempo corre y, de respetarse el planteamiento inicial propuesto por el PSOE y Unidas Podemos, las conclusiones deberían aprobarse y elevarse al pleno del Congreso en la primera quincena del mes de julio. Antes, tendrán que sustanciarse más de 40 comparecencias, analizarse toneladas de documentación requerida por las fuerzas parlamentarias y elaborar, enmendar, debatir y votar decenas de borradores sobre un largo listado de asuntos.

"Un paripé" para imponer el "rodillo"

Una tarea titánica a cumplir a contrarreloj ante la que ya han expresado su "escepticismo" formaciones como el PNV, Coalición Canaria, el PP, Ciudadanos o JxCat, que sospechan, y así lo expresaron en el grupo de reactivación económica, que las dos fuerzas que sostienen al Ejecutivo -PSOE y Unidas Podemos- pretendan imponer en los debates su programa gubernamental.

Los populares temen que el trabajo sea finalmente "un paripé" y que el dictamen final esté ya redactado. "Y aquí paz y después gloria", sentencia la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. Que el "rodillo" se imponga, como señala la portavoz de CC, Ana Oramas; que los mayoritarios "pretendan que se apruebe su programa", en palabras del representante del PNV, Íñigo Barandiaran; que las propuestas se hagan partiendo de "prejuicios e ideologías", en expresión de la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz; o que "el documento final sea el del Gobierno y el debate no sirva para nada", como argumentó el diputado de JxCat, Ferran Bel.

Cuatro horas de discusión, el pasado jueves 21 de mayo, sirvieron al menos para que el grupo económico acordara nueve temas de debate. El primero, centrado en el modelo productivo con especial atención a los sectores industrial y primario y la economía social, se espera abordar esta semana.

Después, tendrán que abordarse propuestas sobre calidad medioambiental, sistema laboral, transformación digital, vertebración territorial, política fiscal, ciencia, sistema financiero y turismo, comercio, automoción, hostelería y cultura.

Pensiones y financiación autonómica

Los grupos parlamentarios consiguieron eliminar del índice de temas planteado por el PSOE y Unidas Podemos el punto que pretendía elaborar una propuesta sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La mayoría consideró "sorprendente", "temeraria" o "imposible" esta iniciativa llamada a solaparse, cuando no a torpedear, los debates del Pacto de Toledo, un ámbito, como señaló Oramas, que hasta ahora se ha mantenido al margen de las guerras políticas.

También se apartó la petición de JxCat de abordar el modelo de financiación autonómica, un terreno que, como el de las pensiones, excede con mucho a un grupo de trabajo que dispone de poco más de un mes para completar su labor y en el que, como señaló el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no están sentados los gobiernos autonómicos.

También ha suscitado muchos recelos el capítulo destinado al mercado de trabajo, y no porque las formaciones políticas no lo consideren como uno de los más relevantes, sino por el hecho de que los dos partidos gubernamentales emprendan el debate partiendo del pacto que han suscrito con Bildu para derogar ya y completamente la reforma laboral de 2012. Un "sainete", para el PP; y algo que "no se entiende", para el PNV o JxCat.