España

La vía del «perdón» deja a Puigdemont fuera de juego

La vía del «perdón» deja a Puigdemont fuera de juego

Los huidos podrían beneficiarse de la actualización del delito de sedición si son juzgados

Desde el «otoño caliente» catalán de 2017, y especialmente desde que Carles Puigdemont logró sentarse en el Parlamento Europeo, en el imaginario de un secesionismo en sempiterna guerra civil sobrevuela la idea de un expresidente de la Generalitat triunfador, que aunque no puede pisar España sin ser detenido se pasea por media Europa sin soltar el liderazgo del «procesismo». Y, por otro lado, Oriol Junqueras, el derrotado de Lledoners, condenado a 13 años de cárcel y al que le han suspendido hasta el tercer grado. Fugados y presos, vencedores y vencidos, una dialéctica que podría girarse con la vía de un hipotético indulto, y que dejaría fuera de juego a Puigdemont y al resto de fugados.

El motivo es simple: el indulto, que no deja de ser una medida de gracia que faculta al Gobierno para concederles el «perdón», solo es aplicable a los penados con condena firme. En el caso de los líderes independentistas, beneficiaría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; a los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa; a los «Jordis» y a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Y también a los exconsejeros Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, condenados por malversación y que han podido esquivar la cárcel.

Los fugados, en cambio, que no han sido ni juzgados ni condenados, quedarían al margen de un hipotético «perdón» de Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por ABC explican que solo remotamente los huidos podrían sacar rédito a un indulto concedido a los líderes presos. En el caso de entregarse, los ahora fugados tendrían opción de alegar el «perdón» a sus excompañeros encarcelados para intentar esquivar -sin garantía de éxito- la prisión provisional mientras continuase el proceso judicial contra ellos. Pero solo después de ser juzgados y condenados, Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí podrían optar a una medida de gracia que, en todo caso, siempre sería personal.

Los líderes secesionistas fugados, en cambio, sí abrazarían de una manera más rotunda el otro melón que quiere abrir el Gobierno de Sánchez para aligerar las condenas de los líderes del referéndum ilegal: la reforma del delito de sedición. Este cambio legal, aunque sin duda planteado ahora para favorecer a los líderes secesionistas, no es una medida personal sino que beneficiaría a cualquiera que sea condenado por este delito en el futuro, e incluso en el pasado por el principio de derecho penal básico de poder acogerse a la norma más favorable. Por eso una reforma del delito de sedición favorecería a los fugados si algún día se sentasen en el banquillo. El alcance del beneficio para los huidos -igual que para los encarcelados- dependería de lo honda que sea la reforma que plantee el Gobierno. Aligeraría sus penas de prisión si se opta por una actualización -opción más probable-, o incluso les ahorrraría ser juzgados por ese delito, en el improbable caso de que la sedición se destipifique.

Lo único que nivelaría el éxito de fugados y presos, vencedores y vencidos, sería el éxito de una amnistía, que el independentismo reclama casi al unísono, pero que desde luego ahora no está sobre la mesa.

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