España

La jueza del 8-M recuerda a Interior que la Policía judicial depende sólo del juzgado

La jueza del 8-M recuerda a Interior que la Policía judicial depende sólo del juzgado

La jueza del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, remitió este lunes a primera hora de la mañana un escrito al número dos del Ministerio de Interior donde le recordaba que la "Policía Judicial actuante" depende exclusivamente de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal, en virtud del artículo 126 de la Constitución.

Horas después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid enviara ese documento al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, trascendía el cese fulminante por parte del Gobierno del responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no informar al Ejecutivo sobre un atestado donde se apuntaba a la posible responsabilidad penal del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

En el escrito enviado al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que ha tenido acceso EL MUNDO, Rodríguez-Medel explica que "desde el primer día de la investigación dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones. De modo que sólo se informará la magistrada-juez".

Asimismo, la instructora, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, afirma que enfatizó a la propia Guardia Civil que cualquier nota de prensa que quisiera hacerse pública debería "contar previamente con la autorización" de la togada, que decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar la nota sino también sobre su contenido concreto". Por último, la juez avanzaba que si había filtraciones de las diligencias las investigará hasta el final.

Aviso a las partes personadas

Al notificar este lunes la providencia, donde ponía fecha a la citación como investigado de Franco, la magistrada advirtió a las partes personadas y al personal de este órgano judicial de que "la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal".

Asimismo, acordaba reiterar a la Policía Judicial actuante -en este caso a la Guardia Civil- la orden de que se diera al inicio de esta investigación relativa, donde se sostenía que "deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez".