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Hacienda quiere aplicar el permiso retribuido recuperable en las empresas públicas valencianas

Hacienda quiere aplicar el permiso retribuido recuperable en las empresas públicas valencianas

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha publicado la instrucción para aplicar del permiso retribuido recuperable regulado por el Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, en el ámbito de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, excluidos los organismos autónomos y los consorcios sanitarios.

Tras la negativa de la Abogacía de la Generalitat de hacer ERTE en las empresas públicas tal y como planteaba el presidente valenciano, Ximo Puig, y la oposición del Gobierno central a aplicar este permiso retribuido a los funcionarios de la Administración, el Consell se ha descolgado con una medida a medio camino.

Tal y como explica la Conselleria de Hacienda, el permiso retribuido recuperable constituye una de las medidas adoptadas en el ámbito laboral aplicable a las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales en empresas o entidades del sector público cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, la instrucción determina que el permiso retribuido recuperable "resultará de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena que no puedan teletrabajar; que tengan los medios para teletrabajar, pero que no tengan carga de trabajo; y para aquellas cuya actividad sea incompatible con el teletrabajo".

Las mismas fuentes apuntan que la medida "no será aplicable dicho permiso a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena cuya actividad no fue paralizada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que continuarán prestando sus actividades cuando se trate de las actividades esenciales".

Así, destacan que el personal en el Sector Público Instrumental (excluidos Consorcios Sanitarios y Organismos Autónomos) es de 8.813 trabajadores y trabajadoras. De estas personas, las implicado en Servicios Esenciales y Operadores Críticos ascienden a 5770, es decir, el 65%. Por ello, quedarían poco más de 3.000 a los que se les podría aplicar siempre y cuando se cumplieran las condiciones que detalla la instrucción.

Desde Hacienda se indica que deberá ser cada entidad o empresa pública la que determine si aplica o no esta medida.