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Estrasburgo condena a España a pagar 20.000 euros por la inacción de Grande-Marlaska ante la denuncia de maltratos de un terrorista

Estrasburgo condena a España a pagar 20.000 euros por la inacción de Grande-Marlaska ante la denuncia de maltratos de un terrorista

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar suficientemente la denuncia de malos tratos presentada por el miembro de Ekin Iñigo González Etayo. Los hechos denunciados se produjeron en 2011 durante su detención incomunicada en una operación dirigida contra el aparato político de ETA por el hoy ministro Fernando Grande-Marlaska, por entonces juez de instrucción de la Audiencia Nacional.

El Estado deberá pagar al demandante 20.000 euros por haber violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. No porque estos se hayan producido, sino porque el sistema judicial no impulsó una investigación para aclararlo.

La sentencia de Estrasburgo reparte culpa entre varias instancias judiciales, la primera de ellas el juzgado que dirigía Grande-Marlaska. Los magistrados resaltan que corresponde a los jueces de instrucción bajo cuya responsabilidad está el detenido, "actuar de manera más activa respecto a los poderes de vigilancia de que disponen", ante la situación de especial "vulnerabilidad" de los arrestados que se encuentran incomunicados, como sucede en casi todos los casos de terrorismo.

El tribunal destaca que "el juez central de instrucción número 3 [Grande Marlaska] no atendió ninguna de las solicitudes de la familia del demandante referidas a las medidas de investigación y protección durante su detención. No ordenó ninguna medida de investigación tras las declaraciones del demandante y no trasladó el expediente del caso a ningún otro juez competente". Y eso pese a que ya en la Audiencia Nacional el detenido describió los actos de maltrato que decía haber sufrido.

González Etayo alegó que tras su arresto fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que "si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría". Durante su traslado a Madrid fue golpeado por los dos agentes que le acompañaban en el asiento trasero del vehículo, que le sacaron del coche, "le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos, le bajaron los pantalones e hicieron amago de abrirle las piernas". Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático.

El juez de Madrid que asumió la denuncia de maltrato pidió las grabaciones de los calabozos de Pamplona donde había permanecido hasta su traslado a Madrid. La respuesta de la Guardis Civil fue que no había cámaras instaladas y que el juez Grande-Marlaska no había acordado grabar el periodo de detención.

En la inmensa mayoría de las ocasiones, las denuncias por malos tratos o torturas eran archivadas de plano en los juzgados, lo que ha conducido ya a varias condenas a España como la notificada este martes. "Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial", afirma la sentencia.

Reaperturas

El TEDH dicta la condena ante "la falta de una investigación profunda y efectiva" de los hechos denunciados. En el caso de González Etayo, pese a que la Audiencia de Madrid ordenó dos veces al juez instructor que reabriera la investigación. El tercer archivo sí lo ratificó.

Las primeras condenas del TEDH por esta actuación generalizada llevaron a la Audiencia Nacional a establecer un protocolo de vigilancia sobre los detenidos incomunicados que impidiera posibles casos de malos tratos. En este caso, el TEDH vuelve a decir que las autoridades españolas "deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física".

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, González Etayo fue condenado a dos años de cárcel por pertenencia a una organización terrorista. En el juicio renunció expresamente a la violencia y quedó en libertad condicional.