España

El TSJA archiva la denuncia por la espantada de los ex consejeros y deja tocada la comisión de la Faffe

El TSJA archiva la denuncia por la espantada de los ex consejeros y deja tocada la comisión de la Faffe

Las espantadas de la comisión parlamentaria de la Faffe que protagonizaron los ex consejeros del PSOE Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero, no son delito. Y, por extensión, tampoco lo será la del ex presidente Manuel Chaves, el precursor de los plantones al órgano creado por el Parlamento autonómico para investigar los despropósitos en la gestión de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha despejado dudas y se ha pronunciado de forma clara y meridiana acerca de las obligaciones de las personas que son citadas por esta comisión (y por cualesquiera otras a partir de ahora).

Negarse a responder a las preguntas de los miembros de la comisión no es delito. Siempre que se haya acudido a la llamada y, al menos, el citado se siente unos minutos. Esa es la conclusión, y la consecuencia, del archivo acordado por el TSJA de la denuncia que hace solamente unos días había interpuesto la Fiscalía Superior de Andalucía contra Ramírez de Arellano y Carnero al entender que sí podía haber delito -un delito desobediencia- en el comportamiento de ambos ex altos cargos del gobierno de Susana Díaz, que se presentaron a la llamada de la comisión, se sentaron en la mesa de comparecientes y, acto seguido, se negaron a responder a los representantes de los grupos políticos.

Pero eso, al contrario de lo que opinaba la Mesa del Parlamento -que promovió la denuncia- y la propia Fiscalía Superior, se ajusta a la legalidad. Porque, dice el Alto Tribunal andaluz, lo único que exige la ley es que se acuda a la llamada de la comisión.

Así lo dice expresamente en el auto que, dictado el pasado martes 25, archiva la denuncia. «Comparecieron al llamamiento que se les hizo por la comisión de investigación, esto es, no dejaron de comparecer como exige el tipo penal, y tras exponer a sus componentes las razones que les asistían y ciertas circunstancias objetivas, se acogieron a su derecho a no seguir declarando», señalan los magistrado del TSJA.

En otras palabras, que el artículo 502.1 del Código Penal exige para que se hable de delito de desobediencia que no se comparezca y no otra cosa y que, como añade el auto difundido ayer por el TSJA, «no existe norma alguna que imponga al compareciente el deber de declarar o castigue específicamente su incumplimiento».

Lagunas legales

El archivo de la denuncia deja en evidencia una laguna legal respecto a las obligaciones que tienen los comparecientes que son citados por esta o por cualquier comisión parlamentaria de investigación y, en el caso concreto de la Faffe, deja tocada quién sabe si de muerte a este órgano que no ha conseguido aún resultados.

Y es que el precedente de Chaves -cuyo caso investiga un juzgado ordinario de Sevilla pero que previsiblemente correrá la misma suerte- y los ex consejeros supone que cualquiera que sea llamado por la comisión de investigación puede negarse a dar explicaciones y a colaborar con sus miembros sea cual sea su condición y su vinculación a los hechos que se estén investigando en el seno de este órgano parlamentario, por lo que el grueso de los testigos que aún no ha desfilado por la Cámara tiene vía libre para dar la espantada nada más cruzar la puerta.

A éste hay que sumar otros reveses que ha sufrido la comisión de la Faffe, como el plantón de la ex consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como de los ex presidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz, que se negaron a recoger la notificación y a los que, en el caso de estos dos últimos, se quería volver a llamar.

Desde que echó a andar la comisión, en el mes de septiembre poco antes del verano del año pasado pero que apenas ha esclarecido nada. Los primeros meses desde que fue puesta marcha los dedicó a pedir y estudiar documentación, una ingente cantidad de papeles a petición, sobre todo, del PSOE, y las comparecencias se pospusieron hasta principios de noviembre, sólo unos días antes de las elecciones generales.

El ritmo está siendo tan lento y el peligro de que no sirva para nada tan evidente que los dos grupos que promovieron la investigación, el PP y Ciudadanos, son ahora partidarios de cambiar las reglas del juego e introducir incluso sanciones en la normativa del Parlamento para quienes sean llamados por una comisión y se nieguen a declarar, aunque los dos socios no coinciden en las formas y el momento para estos cambios.