España

El PP recurre la ocultación de las alertas que Sánchez recibió sobre el Covid

El PP recurre la ocultación de las alertas que Sánchez recibió sobre el Covid

El primer partido de la oposición denuncia el uso de «métodos oscurantistas y poco o nada democráticos».

El PP considera «inaceptable» que Moncloa se niegue a facilitar copias de las alertas que Seguridad Nacional envió al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Covid-19 bajo los argumentos de su «volumen y naturaleza».

Por ello, ha decidido recurrir en amparo ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que reitere a Moncloa «su obligación constitucional de entregar inmediatamente toda la documentación requerida», según ha podido saber ABC.

Presidencia del Gobierno ofreció compartir el contenido de los citados ficheros de manera privada y con un solo diputado popular, Juan Antonio Callejas, por ser el primer firmante de la solicitud. Sin embargo, ésta estaba respaldada por otros nueve parlamentarios a los que se les negó el acceso al contenido.

En su escrito de amparo, los populares denuncian: «Se pretende eliminar la necesaria publicidad de la actividad parlamentaria mediante métodos oscurantistas y poco o nada democráticos».

Cauces irregulares

Siguiendo este hilo, los populares también añaden que al «querer dar respuesta a uno solo de los diputados y además llevarlo a cabo por cauces tan irregulares y subrepticios como los que se pretenden es abiertamente contrario a la naturaleza misma de la actividad parlamentaria que, ante todo, reclama transparencia».

Además, subrayan «el correlativo perjuicio del derecho constitucional» del resto de los diputados firmantes al no obtener la documentación solicitada. Todo ello les lleva a concluir que existe una «manifiesta voluntad del Gobierno de eludir su obligación» así como una «tentativa de utilizar métodos cuestionables de ofrecer la información».

Para los populares, los argumentos ofrecidos por el Gobierno de coalición para mantener ocultos los ficheros «no tienen entidad alguna» y limitan «de manera intolerable» la función de control al Ejecutivo recogida en la Constitución.