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El BBVA respalda la denuncia anónima contra Ausbanc

El BBVA respalda la denuncia anónima contra Ausbanc

Tras cinco pliegos disciplinarios, el banco sólo despidió a Béjar por el caso Villarejo

El director de Servicios Jurídicos Contenciosos del BBVA Eduardo Ortega redactó la denuncia que se presentó de forma anónima ante la UDEF contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en febrero de 2015 y que desembocaría después en la llamada Operación Nelson por la que está siendo enjuiciado estos días en la Audiencia Nacional acusado de organización criminal y delitos de extorsión.

Así lo explica el propio banco en un escrito que obra en el sumario, en el que reconoce una responsabilidad que sin embargo, no acarreó sanción porque el Comité de Disciplina Corporativo entendió que no había falsedad en la autoría de la denuncia, pues se atribuía a «un conocedor desde dentro de las organizaciones» sin especificar de cuál; ni ilicitud en su contenido en tanto que estaba elaborada con datos obtenidos de fuentes abiertas.

La denuncia fue la culminación del «Proyecto Pin», una encomienda en la que no medió contrato pero para la que se presume que el BBVA pagó a una empresa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo más de medio millón de euros a fin de que desacreditase a Pineda y su asociación.

El encargo se suma a otros siete en los que sí mediaron papeles y por los que la entidad como persona jurídica y una decena de altos ejecutivos están investigados por delitos de cohecho y revelación de secretos en la Audiencia Nacional. Ortega, ex fiscal, fue expedientado tras el hallazgo en su ordenador de un documento denominado «Relatorio» en el que explicaba los pormenores de la preparación de aquella denuncia que se registraría como anónima, presuntamente, vía Villarejo. Además, estuvo presente en la reunión con el expresidente Francisco González, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y otros mandos previa a la denuncia en la que se habló del asunto, según reconoció el propio expresidente ante el juez.

También se abrió pliego de cargos por este tema al entonces responsable de los Servicios Jurídicos, Eduardo Arbizu, pero ninguno de los dos resultó finalmente sancionado porque al banco no le cabe «duda» de que «la denuncia fue veraz» y su contenido, relativo a delitos de extorsión que ahora se imputan a Pineda, «un secreto a voces».

Espionajes, aguinaldos

En total, entre el 24 de julio y el 2 de agosto de 2019, el BBVA evaluó a 8 directivos y abrió cinco expedientes disciplinarios, si bien sólo se materializó el despido por contratar con Villarejo del responsable de recuperaciones, Antonio Béjar, con el que la entidad alcanzó la semana pasada un acuerdo de 1,7 millones de euros, y que había venido colaborando con los investigadores en la Audiencia Nacional.

Tampoco cristalizó en sanción la imputación a Arbizu por «inacción y dejación de funciones» ante el espionaje a periodistas y empleados mediante seguimiento de emails y listados de llamadas que habría orquestado el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, para intentar controlar posibles filtraciones. Igualmente, quedó en nada el expediente incoado al exjefe de gabinete de González, Joaquín Gortari, por, entre otros asuntos, los «aguinaldos mediante talones» a miembros de la Policía y Guardia Civil desde el año 2010 en forma de cestas de navidad y cheques de entre 1.100 y 1.500 euros.

En la documentación enviada por la entidad al Juzgado a la que ha tenido acceso este diario consta que se benefició, entre otros, el comisario retirado Enrique García Castaño, investigado como presunto responsable de que Villarejo y por ende, el BBVA, tuviesen acceso a información privada de bases policiales. El banco concluye que de lo investigado no se deduce delito en estos empleados.