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El Ayuntamiento de Barcelona arropa a la UB tras la condena por apoyar a los presos por el 1-O

El Ayuntamiento de Barcelona arropa a la UB tras la condena por apoyar a los presos por el 1-O

«Las universidades públicas tienen que ser espacios de libre pensamiento y no pueden estar al margen del que pasa en las calles, los tribunales y la sociedad», defiende el gobierno municipal

El gobierno municipal de Barcelona ha mostrado públicamente este miércoles su apoyo a la Universidad de Barcelona (UB) después de que haya sida condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por vulnerar la neutralidad ideológica al firmar un manifiesto para reivindicar la libertad de los presos del procés y cuestionar la imparcialidad de la justicia. El bipartito de BComú y PSC ha acceptado el ruego de JpC que le pedía que arrope el recurso que presentará la facultad ante la sentencia.

«Lo tenemos claro: hay que apoyar este manifiesto o cualquier otro que haga la universidad pública», ha remarcado el concejal de Memoria Democrática, Marc Serra, que ha dejado claro que el gobierno acepta el ruego «desde el compromiso más firme con la autonomía universitaria». «Las universidades públicas tienen que ser espacios de libre pensamiento y herramientas democratizadoras y no pueden estar al margen del que pasa en las calles, los tribunales y la sociedad«, ha insistido.

Con todo, Serra, ha aprovechado para lanzar una pulla a JpC y ha recordado a la formación que «la libertad de expresión no se defiende cuando los afectados son los propios, sino sobretodo cuando lo son los adversarios». En este sentido, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos previsiblemente hará pública este jueves una resolución sobre los condenados por la protesta «Aturem el Parlament».

La concejal de JpC, Francina Vila, le ha dado la razón a Serra sobre este punto y agradecido que el Ayuntamiento no quede al margen en esta cuestión. Antes, en su defensa del ruego, ha recordado un listado de ejemplos de «censura» impulsado desde el Gobierno (con la ley Mordaza, la inhabilitación de Quim Torra y las causas contra la mesa del Parlament, entre otros) y ha alertado de que «están en juego los derechos fundamentales« de la ciudadanía.

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