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Desarticulada un red de explotación laboral a extranjeros tras escapar una víctima

Desarticulada un red de explotación laboral a extranjeros tras escapar una víctima

La banda operaba en Valladolid bajo una falsa apariencia de legalidad con la contratación regular de parte de la plantilla que mandaba a faenar al campo

Tras entrar en España fue aislado en un domicilio, le retiraron su pasaporte y le entregaron la documentación de otra persona por si las autoridades le identificaban. Le obligaron a cumplir jornadas maratonianas sin descansos a cambio de pequeñas propinas y bajo una amenaza constante por su situación de irregularidad administrativa. Un día consiguió escapar y denunciar lo ocurrido. Un año después, la Policía Nacional ha conseguido desarticular la trama y detener a cinco personas que pertencían al grupo criminal que explotaba a ésta y otras víctimas en la provincia de Valladolid.

La trama se camuflaba bajo una falsa apariencia de legalidad. Se habían creado dos sociedades mercantiles desde las cuales realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo. Contaban formalmente empleados y cumplían sus obligaciones sociales y tributarias, pero estos eran una mínima parte de la plantilla que se destinaba a esas labores, para las que recurrían de forma «masiva» a personas en situación irregular, explica la Policía Nacional en un comunicado.

Con estos trabajadores irregulares no se mantenían los derechos labores, tenían salarios muy inferiores a los correspondientes a su puesto de trabajo y a las horas realizadas, sin cumplir con la jornada laboral ni los descansos establecidos, siéndoles descontados gastos abusivos o inexistentes.

Las investigaciones destaparon que la banda se dedicaba asimismo a confeccionar y tramitar documentación a la carta, según los requisitos que los demandantes de sus servicios tenían que cumplir para regularizar su situación en España, tramitar solicitudes de reagrupamiento familiar, acceder al cobro de prestaciones o subsidios o conseguir el visado correspondiente para entrar en territorio nacional.

El modus operandi en este caso consistía en cerrar contratos o empadronamientos irreales, fraudulentas altas en la seguridad social, contratos ficticios de alquiler... y en definitiva dar forma a cualquier documento falso que presentar en la administración. El cobro por estos servicios podría variar entre los 250 y 3.000 euros

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones que se sumen a los cinco arrestados como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y falsedad documental.

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