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Ciudadanos, SCC y los padres de escuelas diferenciadas, alineados contra la «ley Celaá»

Ciudadanos, SCC y los padres de escuelas diferenciadas, alineados contra la «ley Celaá»

Inés Arrimadas promete llevar al Constitucional la nueva ley orgánica de educación, Sociedad Civil Catalana pide un pacto de «convivencia lingüística» y la Fapel reclama respetar la «libertad de los padres»

Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana y la Fapel (la federación de AMPAs de escuelas libres de Cataluña que agrupa los padres de colegios concertados y «diferenciados»), coinciden en observar un trasfondo ideológico en la nueva ley orgánica de educación aprobada la semana pasada en el Congreso, la también conocida como «ley Celaá». En un debate conducido por Inés Arrimadas, las tres organizaciones han resulto que la nueva norma supone una limitación de la «libertad» de los padres a elegir el colegio de sus hijos y un paso más para reducir la presencia del castellano en el sistema educativo de comunidades como Cataluña o el País Vasco.

«El problema no es que la ley diga que nos cargaremos la concertada, no lo dice, pero establece los mecanismos para que la administración pueda hacerlo», ha empezado alertando el presidente de Fapel, Josep Manel Prats. Asimismo, ha acusado a la administración de «pisar» un derecho fundamental como es la «libertad de elegir la educación». «Reclamamos la financiación total de la plaza y que sea gratuita como ocurre en Francia, Inglaterra o Finlandia», ha aseverado Prats.

El posicionamiento del presidente de Fapel ha sumado el respaldo de Arrimadas, que ha resaltado la intención de Ciudadanos de llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los tribunales europeos si finalmente es aplicada. «Esta ley es una ventana para que las Comunidades Autónomas puedan usar la educación a su antojo, y los gobierno nacionalistas encantados, tendremos 17 modelos, profundizando en las diferencias», ha afirmado la dirigente liberal. «Hay una profunda hipocresía, muchos de los que lideran estas reformas a sus hijos no los han llevado a las escuelas de inmersión y la que llaman 'escuela catalana', llevan a sus hijos a los colegios trilingües», ha agregado.

En este sentido, Prats ha recordado que todo padre es libre de elegir el centro de sus hijos, pero ha considerado que la nueva norma es un «ataque frontal» a la libertad de elección y corta derechos de las familias a decidir si quieren escolarizar a sus hijos en centros concertados, públicos o diferenciados teniendo en cuenta el proyecto de estos colegios. «En Cataluña un tercio de alumnado está en escuelas concertadas», ha recordado el presidente de Fapel, que ha apostado por seguir recogiendo firmas contra la nueva norma.

Convivencia entre lenguas

En un segundo debate, también organizado y emitido en directo por Cs, el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha relacionado el contenido lingüístico de la nueva ley con la «invisibilidad» que, a su parecer, ha tenido el constitucionalismo en Cataluña. «Hemos sido catalanes de segunda durante decenios, pero también hemos sido invisibles en Madrid. La invisibilidad en Madrid provoca una cierta desafección de los que han defendido la causa constitucional en Cataluña y País Vasco. Desde nuestra entidad pedimos que se acabe con esta supeditación de la política nacional a la geometría parlamentaria en el Congreso», ha apuntado.

Asimismo, por otra parte, ha apostado por una «normalización lingüística» que equipare el catalán y el castellano en Cataluña y deje atrás la etapa de la «inmersión» vigente desde hace décadas. «Hay que ser muy dogmático y sectario para negarse a aceptar algo tan sencillo como la normalización lingüística. Hasta se puede entender que después del franquismo se hicieran unas leyes tan proactivas para el catalán, pero ahora la normalización pasa porque sea normal en la escuela y en la administración lo que ya es normal en la calle, que es la convivencia de las dos lenguas. Queremos un pacto de convivencia lingüística», ha defendido.

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