España

CCAA reprochan a Castells su "falta de diálogo" en la elaboración de la ley del profesorado

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El ministro Manuel Castells ha elaborado un anteproyecto de ley del Estatuo del Personal Docente e Investigador (PDI) que tiene muy inquieta a la comunidad universitaria. Después de la oposición expresada por los sindicatos, Madrid, Murcia o Andalucía se han mostrado en contra del texto y le han reprochado al titular de Universidades su "falta de diálogo" a la hora de elaborar el borrador.

Castells se ha reunido este viernes en la Conferencia General de Política Universitaria con todos los consejeros autonómicos para analizar la vuelta a las aulas y su reforma universitaria. Los representantes regionales han corroborado el arranque de curso con todos los protocolos y planes de actuación contra el coronavirus en activo y han constatado también sus "problemas" para que todos los alumnos realicen sus prácticas este curso. Éste es uno de los asuntos que más "preocupa" a las universidades. En Madrid y Murcia, por ejemplo, se han cancelado las estancias de los estudiantes de Medicina y Enfermería en los hospitales.

El encuentro ha transcurrido de forma amable, pero se han evidenciado el rechazo al Estatuto del PDI que ya se había mostrado también en la universidad.

Lo primero que se le reprocha al ministro es que haya presentado su anteproyecto de ley sin haberlo trabajado previamente en una mesa de trabajo, sin colgar el borrador para su exposición pública y sin haber hablado con los representantes de los profesores y de las comunidades autónomas.

Fuentes de la Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, que lleva Ciudadanos, expresan que "el Ministerio ha presentado su borrador de manera unidireccional, de espaldas a las administraciones regionales". "Ha hecho su propio diagnóstico de las universidades españolas y ofrecido al mismo tiempo su propia solución", lamentan. "No ha abierto a debate previo su análisis ni, lo que es más inquietante, lo ha apoyado sobre una base factual que justifique los objetivos que persigue o documente las medidas que se quieren tomar".

La segunda objeción es la ausencia de una memoria económica que justifique, por ejemplo, si las medidas propuestas ayudarán a atraer talento internacional o darán más estabilidad a las plantillas. "No se puede legislar de espaldas a los datos, sin acreditar debidamente su coste económico. La falta de base sólida deslegitima cualquier decisión. Para ese ejercicio, que no cuenten con el Gobierno de la Comunidad de Madrid", destacan en esta región.

Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de Aragón, de Podemos, ha visto que en el Estatuto "se ve reflejado" sus deseos "de que las plantillas adquieran más estabilidad y se haga la selección del personal fuera de las universidades para reducir el nivel de endogamia", pero también echa en falta "el coste económico y el plazo de asunción de ese coste". Esta crítica es compartida también por Asturias y Extremadura.

La tercera pega que se le pone al anteproyecto es la creación de las nuevas figuras de profesor titular y catedrático contratados, que antes no existían, porque siempre eran funcionarios del Estado. "La desfuncionarización de los cuerpos docentes genera mucha incertidumbre. Supone una pérdida importante de estabilidad laboral e independencia del PDI, que es uno de los principales incentivos para la incorporación de personal de excelencia que tiene la universidad española", advierte el consejero de Transformación Económica de Andalucía, Rogelio Velasco, de Ciudadanos, que considera que la propuesta "enmaraña la carrera universitaria".

"Si se establecen los mismos criterios de acreditación, ¿cuál es el motivo que justifica crear dos cuerpos de la laborales en paralelo a los cuerpos de funcionarios? Resulta incoherente mantener las dos vías de manera paralela y, si se hace, deberían explicarse las razones para ello", avisa.

Miguel Motas, consejero de Empleo, Investigación y Universidades de Murcia, perteneciente a Ciudadanos, ha echado en falta "un diagnóstico claro, unos grupos de trabajo, un calendario establecido y una memoria económica para ver el tipo de universidad que queremos".

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