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«Basta de diminutivos»: El mal uso del saneamiento supone un coste de dos millones de euros a Alicante

«Basta de diminutivos»: El mal uso del saneamiento supone un coste de dos millones de euros a Alicante

Llenar los inodoros de productos no diseñados para deshacerse en contacto con el agua causa un un gasto de seis euros al año a los alicantinos

El mal uso del saneamiento y los atascos en las redes de alcantarillado suponen para la ciudad de Alicante un coste de más de dos millones de euros, lo que supone seis euros por habitante y año. Por ello, Aguas de Alicante ha lanzado la campaña «Basta de diminutivos», con el objetivo de visibilizar entre la ciudadanía los efectos negativos que el mal uso del inodoro tiene para la red de saneamiento de la ciudad.

La campaña hace hincapié en lo que supone llenar el saneamiento de nuestras ciudades de unos productos que no están diseñados para deshacerse en contacto con el agua, mediante la contraposición entre los nombres que se les asignan (como bastoncillos, toallitas o mascarillas) y la magnitud del problema que generan y que está lejos de ser pequeño.

Por un lado, un empeoramiento del servicio derivado de los constantes atascos y reparaciones; por otro, un aumento de los costes de mantenimiento de la red, con una repercusión directa en la ciudadanía. A lo anterior se suma el impacto a nivel medioambiental, con un importante porcentaje de este tipo de artículos de higiene que acaban llegando al mar y el aumento de los residuos sólidos en el medio marino que supone.

La popularización de diversos artículos desechables de higiene personal, como las toallitas, los bastoncitos, los tampones, las mascarillas o las compresas, han revelado en los últimos años un problema al que a diario se enfrentan todas las ciudades y servicios de limpieza en el mundo, con un porcentaje apreciable de la ciudadanía que se deshace de este tipo de artículos empleando el inodoro.

Según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), el impacto económico que supone esta problemática produce a nivel nacional un sobrecoste de entre cuatro y seis euros por persona al año y un encarecimiento de entre un diez y un quince por ciento de las actividades de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales. Todo lo anterior supone en España un sobrecoste total estimado en unos 230 millones de euros al año.

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