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Alerta ante el fenómeno okupa: las denuncias por ocupación se disparan un 30% en Valencia en la pandemia

Alerta ante el fenómeno okupa: las denuncias por ocupación se disparan un 30% en Valencia en la pandemia

El PP reclama una 'Oficina Antiokupa' para asesorar a los vecinos afectados

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Las denuncias por invasión de viviendas por «okupas» en la provincia de Valencia se han disparado un 29,6% según las últimas cifras, un incremento que sextuplica el de toda España (5,03%) agravado durante la pandemia del coronavirus, y el PP en el Ayuntamiento de Valencia propondrá en el próximo pleno municipal la creación de una 'Oficina Antiokupa' para el asesoramiento de vecinos y comunidades de propietarios afectados.

Según ha precisado la portavoz del grupo popular, María José Catalá, las denuncias por ocupación durante el primer semestre del año han sido 333 denuncias, frente a 257 del mismo periodo del 2019. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el aumento ha sido del 14,1%.

Se trata de unos datos «muy preocupantes», y ha opinado que, por el número de población y viviendas, «en gran medida el aumento de las ocupaciones en la provincia» se han producido en Valencia, por lo que solicitará una reunión con la delegada del Gobierno para conocer el alcance de las ocupaciones en la ciudad.

La portavoz popular ha anunciado también que solicitará una reunión con la Fiscalía provincial para pedir que la Policía Local pueda tener acceso a las agendas judiciales, «y de esta manera puedan ayudar a los vecinos y comunidades de propietarios que ven ocupadas sus viviendas».

Propuesta en el Senado

Además, el senador del PP Fernando de Rosa ha explicado que ante «el incremento de casos de ocupación ilegal de viviendas y la pasividad» del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha propuesto a través de una proposición de ley con un «plan Anti-okupación», que fue presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de julio.

[La Fiscalía de Valencia aprueba desalojos exprés de «okupas»]

La propuesta plantea recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años, y que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos.

Además, prohíbe que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas; facilita que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales, y permite que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la okupación y puedan tomar medidas legales

Todas estas medidas, ha resaltado el senador popular, «tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna».

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