Más allá de la crisis catalana, el gran desastre económico de España en este año que termina es la escalofriante liquidación del Banco Popular. Cinco años después del teórico final del saneamiento del sistema bancario, los contribuyentes se acostaron el 6 de junio sin saber que estuvieron al borde de tener que inyectar al menos 30.000 millones públicos al día siguiente por la quiebra del sexto banco del país.

Los clientes no iban a poder sacar ya su dinero al día siguiente y no tenían más garantía que los 100.000 euros que cubre, como máximo, el muy insuficiente Fondo de Garantía de Depósitos.

En nuevos documentos de aquel día a los que ha tenido acceso EL MUNDO resulta espectacular ver cómo las instituciones tienen siempre más información y se adelantan a los incautos clientes particulares que confían en los llamamientos oficiales a la calma hasta que es demasiado tarde. Según un informe interno del Banco Popular fechado el 7 de junio -cuando acababa de ser comprado in extremis por el Banco Santander- un total de 68 grandes clientes sacaron antes y a tiempo dinero para no verse atrapados por si quebraba. En la última semana, la fuga de este tipo de clientes que movieron más de 10 millones depositados en el Banco Popular alcanzó los 2.909 millones. Estremece ver entre ellos a fondos de la aseguradora alemana Allianz, accionista histórico de referencia -¡y con vocal en el consejo de administración!- retirando 52 millones.

Se confirma también la fuerte retirada de fondos de instituciones públicas encabezadas por la Seguridad Social con 1.140 millones en la última semana, seguida del Gobierno canario (608 millones), el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau (340) y el Ejecutivo de Cristina Cifuentes (198). También empresas de mayoría estatal como Adif (128 millones), Enaire (96 millones), Loterías (47 millones) y Cesce (39 millones). Saliendo mientras el ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, afirmaba el 2 de junio que con el Popular «tranquilidad absoluta (...) no hay en estos momentos ninguna preocupación mayor» en línea con el Banco de España.

Luis de Guindos considera disparatado pensar que avisaron a las instituciones públicas para que salieran a tiempo. La explicación que dio el 12 de junio en el Congreso de los Diputados fue que los clientes institucionales suelen retirar depósitos cuando las agencias de calificación rebajan el rating de los bancos. Guindos responsabilizó al entonces presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, por anuciar el 10 de abril en junta de accionistas «sin un plan concreto» que faltaba capital en el banco. «Eso lógicamente llevó a una caída fuerte de la acción y después Moody's hizo una rebaja de calificación crediticia, lo que a su vez tuvo un impacto inmediato desde el punto de vista de los depositantes cualificados». Guindos sostuvo que pese a todo, la Seguridad Social mantuvo en el Popular «en los últimos días» un saldo muy superior respecto a la media del saldo que habitualmente tenía.

En cuanto al sector privado, además de la citada Allianz o aseguradoras como Mapfre y Santa Lucía, también estuvieron rápidas grandes empresas no financieras como Mercadona, que sacó 127 millones en la última semana, Urbaser (30 millones) o Antolín (25 millones).

Por el lado contrario la Diputación Foral de Vizcaya y Gamesa sorprendieron aumentando sus depósitos en 11 y 21 millones, respectivamente. En aquella aciaga semana se retiraron en total 9.685 millones, de los cuales 2.633 millones fueron personas físicas. El resto, empresas e instituciones como las citadas y otras que movieron menos de 10 millones.

Al final el Santander se lo quedó por un simbólico y engañoso euro y los clientes se salvaron, pero ¿y si llega a quebrar? Es deprimente que a estas alturas del siglo los llamamientos oficiales a la calma sirvan para frenar a los depositantes menos informados, mientras que los que más manejan, huyen a tiempo. ¿Y a partir de 2018? Ni el Popular fue el primero ni será el último.