Economía

La oposición pide la gestión del ingreso mínimo para las CCAA

La oposición pide la gestión del ingreso mínimo para las CCAA

La Junta de Andalucía no descarta llevar esta prestación ante el Constitucional

La publicación en el BOE del ingreso mínimo vital despejó ayer detalles técnicos de la nueva ayuda, pero mantuvo intacta la polémica abierta entre las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, a cuenta de la gestión de los fondos. La distinción hecha por el Gobierno al conceder al País Vasco y Navarra la gestión directa y relegar a «posibles acuerdos» a partir del 2021 los convenios con el resto de autonomías ha generado un intenso malestar entre los barones y ha llevado a la oposición ha reclamar en bloque la tramitación como proyecto de ley para introducir cambios que cedan la gestión a todas las autonomías.

Según el texto publicado ayer, será a partir del próximo año cuando el Gobierno comenzará a establecer convenios con las comunidades para que gestionen la prestación. Sin embargo, el decreto sí establece que, «en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales», estas comunidades asuman su gestión antes del 31 de octubre de 2020. Además la norma especifica que, hasta entonces, se acordará un convenio que permitirá la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra. El texto también detalla la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida este años 2020.

Esta diferencia de trato había marcado el domingo la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos y tanto Andalucía, como Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria reclamaron el traspaso de su administración. También Cataluña, de acuerdo con las declaraciones de su vicepresidente, Pere Aragonés, se unió a este frente. La Junta de Andalucía llegó incluso a apuntar a un recurso al Tribunal Constitucional si el Gobierno persistía en su posición de no ceder la gestión ante lo que consideró que puede invadir competencias de las autonomías.

Ayer, la polémica marcó también la posición de los distintos grupos políticos al ingreso mínimo de cara a su tramitación parlamentaria. Aunque el Partido Popular mantuvo la incógnita sobre la posición de su voto entre la abstención y el «sí», sí apuntó que solicitará su tramitación como proyecto de ley para que todas las comunidades «tengan capacidad de gestionar» esta renta si así lo consideran. Los populares, además, registraron la solicitud de comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso para que ofrezca más detalles sobre la misma.

Más claro se mostró Cs, que apoyará la medida aunque exigirá también su tramitación como proyecto de ley para poder mejorarla. Al igual que el PP, reclamará la gestión autonómica de la ayuda. El cambio de postura vino de la mano de Vox, que ayer se mostró contrario pese a que la semana pasado había dicho no estar en contra de la ayuda. El portavoz y eurodiputado del partido, Jorge Buxadé, justificó este giro en que la renta generará «un efecto llamada a gritos» a la inmigración ilegal, algo hizo reacción al ministro Escrivá, que lo tachó de «absolutamente falso».