Economía

La Generalitat Valenciana interviene la venta de 218 viviendas del Banco Sabadell a un fondo de inversión

La Generalitat Valenciana interviene la venta de 218 viviendas del Banco Sabadell a un fondo de inversión

La Generalitat Valenciana aprobó un decreto ley el pasado 5 de junio que le faculta a las administraciones a ejercer el derecho preferente de compra en grandes operaciones inmobiliarias para evitar que acaben en manos de especuladores o fondos buitre. Apenas uno mes después, ha cerrado la mayor operación de adquisión de inmuebles públicos realizada en España aplicando este derecho de tanteo.

La norma valenciana, que el PP se plantea llevar al Constitucional, faculta a la Generalitat y a los ayuntamientos para adquirir de manera preferente de un inmueble que se va a vender a un tercero y también para hacerlo a pesar de haberse vendido ya a un tercero (derecho de retracto). El primer caso es el que ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, que se ha ejercido para intervenir la venta de 218 viviendas del Banco Sabadell al fondo de inversión Cerberus.

Estas viviendas se incorporarán al parque público para "familias vulnerables", en palabras de Martínez Dalmau, "gracias al gobierno progresista que se cree las políticas de vivienda, tal y como refleja el acuerdo del Botànic".

La Generalitat fue conocedora de la operación cuando el Banco Sabadell notificó la trasmisión de todas estas viviendas a un fondo de inversión. "En este punto fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad de comprar un paquete de viviendas tan importante que, de no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente, y que realmente en este instante cuando decidimos vamos a comprarlas", aseguró el conseller de Unidas Podemos.

Estas viviendas se pondrán a disposición de los municipios bajo diferentes fórmulas en tres fases. Las dos primeras, que suponen 188 viviendas, se concentra en la provincia de Valencia con 148 viviendas y 3,8 millones de euros de inversión, seguida de la provincia de Alicante con 39 viviendas y tres millones euros de inversión y finalmente Castellón, donde se ha adquirido una vivienda por 82.000 euros. En todos los casos, la Generalitat calcula que las ha adquirido por un precio un 25% por debajo de los de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana.

En algunos casos, estas viviendas ya están habitadas por familias de escasos recursos económicos, la mayoría en régimen de alquiler social.

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