Economía

La Generalitat negocia con Endesa mientras la pobreza energética persiste en Cataluña

La Generalitat negocia con Endesa mientras la pobreza energética persiste en Cataluña

Hace dos meses que la Generalitat concretó un borrador de convenio para poner a cero el contador de la pobreza energética. Los protocolos se prevén desde hace casi cinco años en la ley 24/2015, la norma catalana que prohíbe cortar el suministro a clientes morosos que dispongan de un informe de los servicios sociales que acredite que carecen de ingresos suficientes para pagar los costes del hogar. Pese al tiempo transcurrido, aún no hay acuerdo con ninguna compañía para finiquitar la deuda de familias desvalidas. Endesa -la principal abastecedora en Cataluña- tasa el importe de las facturas pendientes en casi 22 millones de euros hasta finales de 2019.

Tras concertarse con instituciones y entidades sociales, el Govern plantea que las eléctricas condonen todos los recibos desatendidos en la fecha en que rubriquen el pacto. A partir de ahí, el Ejecutivo se abre a que las administraciones respondan de parte del débito que los hogares pobres generen de nuevo, pero a cambio de que las empresas asuman el 60% de los impagos con fondos propios.

Por ahora, la Generalitat solo ha presentado la oferta a Endesa. El Departamento de Asuntos Sociales alega que la firma posee tres cuartas partes del mercado en Cataluña y que, una vez se entienda con ella, sondeará a las demás suministradoras.

Endesa admite negociaciones. Las posturas de partida pintan alejadas, dado que la empresa propuso en agosto pasado que los municipios abonasen la mitad del débito de alojar al menos a cinco vecinos que deban recibos, un ofrecimiento similar al que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona le brindaron en 2017 sin que prosperara. A su vez, el Govern avisó con sancionar a Endesa si dejaba a clientes sin corriente, como insinuó de no aceptarse las condiciones que comunicó a los ayuntamientos.

«Exigimos prisa porque vamos tarde y que el convenio que se firme sea el que se ha consensuado», reclama Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Añade que no tienen garantía de que la Generalitat no ceda en el requisito de que las eléctricas salden la deuda actual, una línea roja para las plataformas de afectados. «Ya no solo lo pedimos nosotros, sino todas las administraciones catalanas», resalta.

Aunque la ley les proteja, quienes no pueden afrontar todas las facturas acarrean con los perjuicios de constar como deudores mientras no se liquiden. «Me llaman dos o tres veces al día amenazándome con un juicio», asegura Cristina, quien adeuda unos 1.500 euros a Endesa por recibos que acumuló entre 2015 y 2017, después de perder el trabajo. Sí los sufraga desde que cobra una renta mínima garantizada.

«También me envían correos electrónicos, SMS... También dicen que se llevarán el contador», afirma la mujer, con informe de vulnerabilidad del Ayuntamiento de Badalona, donde vive con sus tres hijas menores. «No tengo carta con amenaza de corte desde que me dieron el informe, pero sí que intentan asustarme. Es una angustia constante y no tienen miramientos con las familias», reprocha. Endesa se embolsó un beneficio neto de 176 millones de euros entre enero y septiembre de 2019.