Economía

CSIF denuncia al ministro Illa ante el Supremo por riesgos laborales y homicidio imprudente

CSIF denuncia al ministro Illa ante el Supremo por riesgos laborales y homicidio imprudente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que considera que "la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".

El sindicato, que interpone esta denuncia contra Illa "como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus", señala que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, el número de sanitarios infectados supera los 12.000, lo que supone casi un 15% del total, y que al menos seis han fallecido por este motivo.

"Pero es que, a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo a diario con población contagiada", sostiene CSIF.

El sindicato recuerda que, ya el pasado 3 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "advirtió a los gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP), ya que los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas".

Asimismo, advierte de que la denuncia ayer presentada "se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis", y que trabaja también para "actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la Administración".