Economía

Aval público a las eléctricas para compensar la suspensión de recibos por la crisis del coronavirus

Aval público a las eléctricas para compensar la suspensión de recibos por la crisis del coronavirus

La línea de avales públicos puesta en marcha por el Gobierno a través del ICO tendrá que acoger también a las eléctricas entre sus principales beneficiarios. No porque peligre su situación financiera ni esté en riesgo su liquidez -como establece el plan de financiación-, sino como compensación por la pérdida de ingresos que van a sufrir debido a la oleada de suspensiones de contratos energéticos de pymes y autónomos que impulsa el Ejecutivo para todos aquellos penalizados por la paralización de la actividad económica.

Así figura en la letra pequeña del Real Decreto-ley 11/2020, aprobado el pasado martes, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La medida se extiende al conjunto de comercializadoras eléctricas y gasistas -un mercado que controlan en su mayor parte Iberdrola, Endesa y Naturgy- a las distribuidoras energéticas que gestionan las redes y los tubos de gas y a las empresas suministradoras de butano, por lo cual también podrían beneficiarse de la medida grupos como Repsol o Cepsa.

El tamaño del aval tendrá que coincidir en todo caso con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada compañía como consecuencia de la medida de urgencia aprobada por el Gobierno. La propia norma señala que, una vez se suspenda el periodo de alarma, el cliente que se ha beneficiado de la medida tendrá que abonar a la eléctrica la deuda contraída en este periodo durante un plazo de seis meses.

La norma permite a pymes y autónomos suspender sus contratos de suministro o reducir el caudal de gas o la potencia eléctrica contratada sin pagar ninguna penalización. Una vez se anule el Estado de alarma, el cliente tiene tres meses para pedir la reactivación del suministro eléctrico o de gas, que tendrán que producirse en un máximo de cinco días. Los autónomos y pymes que se beneficien de la suspensión de los contratos no podrán cambiar de suministrador hasta que concluya la "regularización" de la deuda contraída con la compañía energética.

Por otro lado, la norma incluye la prohibición de cortar el suministro energético a ningún hogar durante el tiempo que dure el Estado de alarma aunque se produzca un impago de las facturas domésticas. La medida se extiende a más de 18 millones de primeras viviendas en España, aunque fuentes del sector eléctrico no creen en este sentido que se vayan a producir devoluciones masivas de recibos en las próximas semanas.

De forma paralela, el real decreto ley establece la creación de un crédito en los próximos Presupuestos Generales del Estado para cubrir la caída de ingresos que sufrirán los sistemas eléctrico y gasista durante este ejercicio por la caída de la demanda. Esta partida irá dirigida a compensar los costes fijos en los que incurren las distintas empresas que operan en el mercado con el fin de evitar déficit financieros al final del ejercicio.